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Brutalidad policiaca de una gestión fascista

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¿Por qué no se usa la fuerza pública para hacer acatar las medidas de sanidad frente a la actual pandemia? Hugo López Gatell, en conferencia de prensa1 , informó que el gobierno federal no haría uso de la fuerza pública debido a la desigualdad que vive el país. "Si hubiéramos usado la fuerza pública, lo que hubiéramos hecho es contraponer a la ciudadanía con las fuerzas públicas, lo cual es absolutamente inconveniente. Y en un país, además asolado por la violencia ya por varios años, esto es una fórmula muy inconveniente para alimentar el conflicto social en vez de reducirlo".

La magnitud de la desigualdad de México es exorbitante. Alrededor de 120 mil habitantes, es decir 1% de la población del país, representan aproximadamente el 40% del ingreso nacional, según un análisis hecho por Oxfam México2 . De tal manera que si el país fuera un pastel con 10 rebanadas: una sola persona le tocarían cuatro rebanadas y las seis rebanadas restantes serían repartidas entre 99 personas. Esta desigualdad está ligada a la falta de oportunidades, la economía informal e incluso el racismo sistémico cuya reflexión está en voga. 

El sustento del argumento del subsecretario de salud es evitar colocar a la fuerza pública contra la población y agravar la violencia en nuestra sociedad. Mientras algunos gozan de ahorro, prestaciones o el respaldo de continuar percibiendo su ingreso aún en confinamiento otros subsisten al día, su ingreso depende del empleo o venta del dia, y mañana... quién sabe. Poner a la fuerza pública contra la población implicaría reprimir las acciones de un sector de la población por llevarse un pedazo de pan a la boca, arremetiendo contra la ya limitada libertad de hacer algo al respecto.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y principal contendiente a precandidato a la presidencia por parte de la oposición, ha estado envuelto en polémica gracias a la particular estrategia de “cero tolerancia” para hacer frente a la contingencia por coronavirus. Tal estrategia incluye disposiciones que, “de no interpretarse y aplicarse de manera correcta, pueden generar la violación de los derechos humanos, actos de discriminación o atentar contra la dignidad humana”, según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos3 . 

Las calles son vigiladas por los policías que arbitrariamente te detienen a cuestionar las razones por las que deambulas, incluso puedes ser detenido, esposado y presentado ante juez cívico por el hecho de no hacer uso de cubrebocas, en el mejor de lo casos. La malinterpretación e incorrecta aplicación de las medidas sanitarias se cristalizaron en el caso de Giovanni López, albañil de 30 años detenido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por 10 policías el 4 de mayo. Se presume que se encontraba en vía pública sin hacer uso de cubrebocas, situación que le valió la citada detención. El video donde que atestigua los sucedido es ambiguo, sin embargo, la resistencia que Giovanni aplica ante la detención es evidente, así como la violencia y abuso por parte de los elementos de seguridad.

Al día siguiente, Giovanni fue encontrado muerto con un disparo en una pierna y evidentes signos de tortura. Tuvo que pasar un mes para que el video se volviera viral. El caso llegó a lo ojos de la población civil, bajo un contexto en el periódicos, noticieros y redes sociales arrojaban fuego de protestas nacionales e internacionales, el descontento estaba en su máximo esplendor. Ya habían pasado 30 días y el crimen continuaba cínicamente impune. Sin juicio, se dictó pena de muerte a Giovanni por parte de la policía municipal. Su delito... ¿No usar cubrebocas? ¿Resistencia al arresto por parte de 10 elementos de seguridad? 

Las manifestaciones, con justa razón violentas, alimentadas por el enojo e impotencia se tradujeron en disturbios, quema de patrullas e, incluso, la casi inmolación de un policía. La irrupción en la Plaza de Guadalajara con destrozos, pintas y revueltas fueron recibidas con más represión y brutalidad por parte de la policía bajo la consigna de “los vamos a matar”, característica de una fuerza policial valentonada por “la mano dura de su gobernador”. Como si por propia mano se dieran licencia a prescindir de qué derechos puedes ejercer como civil. Tristemente, si la fuerza policial te quita la vida, no dudes que te arrebate la libertad de manifestarte o tu dignidad.

Se conjugan algunos factores que acrecientan la efervescencia de las circunstancias a mi consideración. El papel político del gobernador de Jalisco es abiertamente fascista queriendo mantener el control con medidas  intolerantes cuyas estrategia atenta contra las garantías individuales y la dignidad de la población. La naturaleza opositora de su gestión pasa por alto deliberadamente las recomendaciones del gobierno federal, además de su abierta guerra mediática contra el presidente a base de declaraciones mutuas. La aplicación e interpretación de las medidas de sanidad por parte de la fuerza pública, en particular de la policía, solo refleja su continua incompetencia, atroz desenvolvimiento y falta de empatía para con la población civil, lejos de proteger y servir. Jalisco es la faceta contrastante de lo que se pretendía evitar.

Alfaro menciona en un comunicado, vía redes sociales, que no se le detuvo a Giovanni por no usar cubrebocas. Presume que la fiscalía tiene testimonios de detener a una persona agresiva, a pesar de ello a Giovanni no lo presentaron ante un juez para que determinara su situación. En caso de que existiera; no rindió declaración, no lo sentenciaron. Lo mataron. En el mismo comunicado menciona que tomará cartas en el asunto y la situación no quedará impune. Entendido,¿pero un mes después de que sucediera? Dicho comunicado, realizado por la noche el dia de las protestas, tiene un mensaje predominante de intolerancia hacia las manifestaciones clasificándolas como provocaciones hacia su gobierno insinuando la intervención de grupos de choque presuntamente contratados. 

Estas son la características del principal gobierno de oposición, no lo perdamos de vista. La polémica no queda ahí. Surgieron cuentas de redes sociales dedicadas a difundir antecedentes de Giovanni. El tweet que se presenta a continuacion muestra fotos de documentos directos de carpetas de investigación dentro de las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, documentos que no son de carácter público. La difamación del caso es auspiciada por el aparato jurídico y estatal mismo, entonces lo mataron por no ser “una inocente palomita”. ¿No para eso tenemos un sistema judicial? ¿no para eso tenemos leyes, normas e instituciones que fungen como dadores de justicia?
Los crímenes perpetrados por elementos de seguridad no son nuevos ni exclusivos de nuestro país. La represión es un común denominador desde 1968, pasando por Ayotzinapa a la actualidad, por citar unos pocos. Se podría pensar que crímenes por parte de elementos de seguridad es la mayor de las ironías pero es más común de lo que pensamos. Si la policía nos violenta entonces ¿a quién recurrimos? ¿en dónde exigimos justicia? El contexto social es álgido y oportuno para cuestionarnos la gestión de justicia por parte del aparato jurídico y de seguridad.



Ilustración tomada de monoaureo

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1 Redacción El Financiero. (13 de marzo de 2020). López-Gatell explica por qué no se usó la fuerza pública para mitigar el coronavirus en México, de El Financiero Bloomberg Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-gatell-explica-por-que-no-se-uso-la-fuerza-publica-para-mitigar-el-coronavirus-en-mexico «

2 Vázquez, D.; Dovalí, M. (2016). Análisis de la desigualdad, de Oxfam México Sitio web: https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Ana%CC%81lisis%20de%20desigualdad.pdf «

3 Partida, J. C.; Henríquez, E. (21 de abril de 2020). Propiciarían atropellos medidas anunciadas por Enrique Alfaro, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/estados/027n2est «
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