El pasado 8 de abril, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, compartió durante “la mañanera” las cifras de las bajas laborales registradas ante el IMSS a partir del 13 de marzo, momento en el que aún no se declaraba la emergencia sanitaria a nivel nacional, es decir, las empresas privadas no habían sido exhortadas al paro de labores. Hasta el 30 de marzo, momento en el que la emergencia sanitaria es declarada, el número de bajas laborales ascendía a 198,033 puestos laborales formales, situación que se agravaría la primera semana de abril donde la desocupación alcanzaría, aproximadamente, el 75% de las dos semanas anteriores, equivalente a 148,845 nuevos desempleados. Para entender cuán alarmante son estas cifras, basta con consultar los nuevos empleos registrados en 2019. De acuerdo con el IMSS1, se crearon 342,077 puestos formales, es decir, el desempleo en el segundo trimestre del año, será mayor al empleo de todo un ejercicio.
Una obligación que parecía no recibir los reflectores, o no ser tratada con la urgencia merecida durante años, es la situación de incertidumbre en la que se desenvuelve el mercado laboral y la seguridad social que lo acompaña, la cual, será factor clave en el desenlace de la crisis económica que parece inaplazable. Las estructuras con mayor cantidad de bajas registradas son aquellas con plantillas laborales mayores a 50 empleados, contrario a la primera aproximación que reflejaba una seria preocupación por las micro y pequeñas empresas responsables del mayor porcentaje de empleo en el país, hacia ellas, se han dirigido programas sociales (que podrían ser insuficientes). Se refleja la desmedida motivación por la maximización de beneficios donde las actividades no esenciales parecen considerar no esencial a su fuerza laboral aun siendo solventes para enfrentar las obligaciones patronales. El papel del Estado parece ser irrelevante al solicitar la sensibilidad y solidaridad de los grandes capitales, quienes han demostrado total indiferencia, para mantener activo el ingreso y por ende el consumo de los agentes.
El giro en la narrativa se da cuando estas (grandes) empresas; mediante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —quienes en su sitio web se presentan como seguidores del libre mercado2— a modo de secuestro, anuncian tener el colchón para minimizar el impacto y limitar el incremento en el desempleo, ¿qué piden de rescate? Tan solo; estímulos fiscales, a oficializarse con la firma de un acuerdo entre el sector privado, trabajadores y gobierno, aquellos con mayores responsabilidades fiscales (y capacidad para hacerles frente) han tomado como rehén al pilar que impulsaría una economía en crisis. Los sectores más afectados de acuerdo a las expectativas serán aquellos dedicados al comercio al por menor, a las actividades de esparcimiento, y a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (el sector turístico, restaurantes y bares) , estructuras a las que se dirigirán la mayoría de los esfuerzos en facilidades de crédito, plazos, tasas y demás descuentos en sus obligaciones en algunas entidades federativas, generando discordancia entre las medidas implementadas a nivel federal y estatal. Queda claro que nunca habrá política pública suficiente para reactivar la economía mientras las empresas no se responsabilicen de sus obligaciones en un esfuerzo conjunto por parte del Estado donde se nutra la formalidad en el trabajo y las prestaciones que ello conlleva hacia los derechohabientes. En caso de haber respuesta fiscal, que sea hacia los trabajadores.
Durante la redacción de este artículo, la fase 3 de COVID-19 fue declarada y es de vital importancia señalar que, por normativa, el seguro social sólo respetará los derechos de aquellos desempleados por un periodo máximo de ocho semanas; en caso de quienes forman parte de las cifras de la Secretaria de Trabajo y Previsión social, la fecha límite será a finales de mayo. Ante una demanda laboral (por parte de las empresas) inactiva, se ve lejana la reincorporación de estos 346 mil desocupados a la economía formal, de continuar con la tibieza en las sanciones contra las empresas de capital privado que han recurrido a las separaciones para disminuir costos de operación, el Estado seguirá orillándose a hacer más con menos. Sin sindicatos, sin arbitraje, sin seguridad social, ahora pareciera que el trabajo es un lujo. Basta de solicitar a la sociedad reactivar la economía, las compañías han acumulado riqueza de sobremanera a expensas de sus trabajadores, por ello, en el corto plazo es imperioso bloquear o encarecer los despidos injustificados en el sector privado, no diferir los pagos a las contribuciones por seguridad social y educar con el ejemplo a nivel estatal.
Helen Lovejoy. Imagen obtenida de Google Imágenes
1 IMSS. 12-enero-2020. En 2019 se crearon 342 mil empleos. Disponible en sitio web: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202001/020 «
2 https://www.cce.org.mx/que-es-el-consejo-coordinador-empresarial/ «
Comentarios
Publicar un comentario