El final de Hong Kong

Durante 2019, Hong Kong fue el epicentro de una serie de manifestaciones que hicieron eco a escala mundial gracias a un polémico proyecto de ley que autorizaría las solicitudes de extradición a China, Taiwán y Macao de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación. Sin embargo, los críticos del proyecto aseveraban que dicha legislación colocaba en entredicho la ya desgastada autonomía de Hong Kong y permitía que las personas estuvieran sujetas a detenciones arbitrarias, juicios sesgados y tortura en China continental. La población hongkonesa salió a las calles como forma de protesta al otrora proyecto de decreto, en una cruzada civil que duró la mayor parte del año pasado y parte de éste.

Como consecuencia de este movimiento social, el 1 de julio de 2020, entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, proveniente de China continental que prevé cuatro delitos principales: separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras. Esta legislación fue aprobada al más puro estilo de un “madruguete”, pues los detalles de la misma no se dieron a conocer al público hasta la noche anterior a su entrada en vigor, manteniendo su concepción en secreto absoluto evitando así trabas y criticismo previo a su implementación.

El proyecto de decreto, ya aprobado, tiene múltiples aristas y  directrices, pero el propósito principal es uno solo: evitar que las protestas en Hong Kong continúen y que el control – hasta ahora absoluto – del Partido Comunista de China se vea desestabilizado como el año pasado.

Sin embargo, de nueva cuenta las movilizaciones sociales no se hicieron esperar y la población hongkonesa, de manera digna y desafiante inundó los espacios públicos para protestar por la súbita criminalización a la libertad de expresión en su ciudad. Asimismo, la policía también salió a las calles para demostrar que la legislación, tan inverosímil como suena, es real y aplicable, por lo que comenzaron las detenciones arbitrarias respaldadas en la nueva normativa. Por poner algunos ejemplos, situaciones como el daño a edificios gubernamentales o, en su defecto, propiedad pública y/o privada podría ser considerado como subversión, y el sabotaje al transporte público como terrorismo, ambos punibles con cadena perpetua en caso de ser considerados “graves” – determinación arbitraria, claro está –. Del mismo modo, las pancartas o letreros con consignas a favor de la independencia de Hong Kong pueden ser consideradas como subversión, abriendo la puerta a que quienes las icen puedan pasar el resto de su vida en prisión.

La demostración de músculo de parte de las autoridades no provocó que las movilizaciones sociales se detuvieran, pero sí que modificaran su dinámica. Por ejemplo, Joshua Wong, joven activista de 23 años y una de las voces de la oposición más escuchadas y respetadas a nivel internacional, renunció a su posición como Secretario General del partido político Demosistō, considerado de oposición al régimen y pro democrático de Hong Kong. En 2019 a Joshua Wong se le había prohibido presentarse a los comicios locales por defender y promover la autodeterminación de la región pues, de acuerdo con Laura Aron, funcionaria de Hong Kong, los candidatos deben jurar lealtad a la Ley Básica (la Constitución local) y jurar lealtad a la Región Autónoma Especial de Hong Kong.

Podemos apreciar la abrupta escalada en las medidas contra la oposición pues, hace apenas unos meses, las sanciones consistían en privar al movimiento pro democrático del derecho a la participación institucional, empero no criminalizaban el ejercicio del derecho a la libertad de expresión – por lo menos no con un respaldo legal –. Por esta razón, después de la renuncia de Wong y de la de muchos integrantes más, el partido Demosistō fue disuelto por temor a las represalias de Xi Jinping – presidente de China – y su nueva legislación.

El análisis de Jean-Pierre Cabestan, politólogo de la Universidad Baptista de Hong Kong, fue un atinado prefacio de lo sucedido: “Esta nueva ley tan dura está claramente destinada a intimidar y disuadir cualquier acción o declaración que pueda ofender al Partido Comunista de China. Su primer objetivo son los jóvenes manifestantes que apoyan la independencia o recurren a la violencia. El segundo: las organizaciones no gubernamentales, medios y organizaciones foráneas que puedan infringir los intereses del régimen. Y el tercero son los activistas que tratan de conseguir el apoyo de gobiernos democráticos extranjeros”.

Las reacciones internacionales tampoco se han hecho esperar. Por ejemplo, el gobierno de Australia, siguiendo el ejemplo de Canadá y Reino Unido, suspendió el tratado de extradición de Hong Kong como consecuencia de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, extendió sus visados para estudiantes hongkoneses de dos a cinco años, abriendo camino para solicitar el permiso de residencia en caso de que quieran exiliarse. Por si fuera poco, el gobierno australiano emitió un comunicado en el que desincentiva a sus ciudadanos el viajar a China y a Hong Kong debido al riesgo de “detención arbitraria”. La respuesta de Pekín fue lo que podría considerarse el comienzo de una guerra comercial, pues prohibió la exportación de ternera y limitó la exportación de cebada, dos de los principales productos de intercambio entre ambos países. Es un golpe duro y potencialmente letal para Australia, pues el 33% de sus exportaciones tienen a China como destino.

Si bien es cierto que ambos países se encuentran en una crisis diplomática desde hace tiempo, también es cierto que la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha agravado esta relación y podría hacerlo con muchos países más. La legislación también pretende mostrar músculo fronteras afuera y reafirmar el poderío de China y su Partido Comunista en la región.

China se ha mostrado inflexible en cuanto a las solicitudes extranjeras por derogar la normativa, incluida la de Estados Unidos. Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Exteriores chino, sentenció: “La intimidación jamás dará resultado en China”, haciendo referencia a las amenazas de naciones extranjeras.

Es incierto lo que depara a los hongkoneses en los meses venideros, pues la Ley de Seguridad Nacional parece frenar en seco la inercia del movimiento social pro democrático que venía en aumento desde el año pasado y, al mismo tiempo parece dar banderazo de salida a una nueva era donde las libertades civiles son coartadas y criminalizadas.

En caso de fracasar el movimiento pro democrático y verse forzado a subsistir bajo el pesado yugo de Pekín, podríamos encontrarnos en la antesala de un modelo que podría ser replicado en otras latitudes del planeta. No olvidemos que una normativa similar intentó aprobarse en México en 2018: la infame Ley de Seguridad Interior que permitía a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública y era lo suficientemente ambigua – como la de Hong Kong – para permitir detenciones arbitrarias y evadir responsabilidades. En realidad esta legislación sí fue aprobada, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó al declararla inconstitucional.

La tendencia es incipiente pero comienza a replicarse y es labor conjunta de la sociedad civil el evitar que nuestros derechos más elementales sean colocados en entredicho y, en el peor de los casos, despojados y criminalizados. Hoy, la batalla se libra en otro continente, a miles de kilómetros de distancia, empero la solidaridad y fraternidad debe permanecer entre nosotros. “El final de Hong Kong”, como lo llaman algunos, está cerca y es palpable, pues advertimos su presencia. Evitemos el atropello de nuestras libertades y levantemos la voz, como lo han hecho los hongkoneses que hoy necesitan nuestro apoyo.